Ya hemos recordado en un artículo anterior que la democracia, en la insuperable definición de Abraham Lincoln es: “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. Para ser legítimo un gobierno democrático tiene que surgir de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos. Eso es lo que se llama legitimidad de origen. Pero, para seguir siendo legítimo, un gobierno democrático debe tener un récord de respeto a la Constitución, al estado de derecho, a los derechos humanos y una obra de gobierno que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.
Por eso, al evaluar el grado democrático de un gobierno hay que tomar en cuenta esos dos criterios: la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio del poder.
Artículo de opinión de Eduardo Fernández
Hay dos maneras de gobernar a un país. Una es la democracia. Otra es la dictadura.
La primera es la forma mas civilizada que ha encontrado el género humano. Supone un clima de tolerancia, de respeto a la opinión ajena, de respeto al estado de derecho y a los derechos humanos. De respeto al principio de que toda autoridad debe ser legitimada por la soberanía popular. No es legítima una autoridad que no emane de la voluntad de los ciudadanos expresada en comicios libres y competitivos.
A lo largo de la historia universal han prevalecido los regímenes autocráticos, despóticos, arbitrarios. Formas primitivas de gobierno en las que prevalece la fuerza y no la razón. En ese tipo de regímenes no hay respeto por el estado de derecho ni por los derechos humanos. “La Constitución sirve para todo”. Como dicen que dijo el General-Presidente José Tadeo Monagas por allá a mediados del siglo XIX venezolano después del asalto al Congreso.
La democracia es una forma culta y civilizada de gobierno. En democracia no puede haber presos políticos, ni torturas, ni exilados, ni ciudadanos castigados por sus opiniones políticas. La democracia supone respeto por la opinión ajena y diálogo como mecanismo para lograr los consensos indispensables para la gobernabilidad de una sociedad.
La democracia supone la existencia de partidos políticos fuertes y representativos, también supone la existencia de organizaciones intermedias que defiendan los intereses sectoriales de la población. Organizaciones gremiales, sindicales, empresariales, juntas de vecinos, y una variedad de organizaciones entre el ciudadano y el estado.
Ya hemos recordado en un artículo anterior que la democracia, en la insuperable definición de Abraham Lincoln es: “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. Para ser legítimo un gobierno democrático tiene que surgir de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos. Eso es lo que se llama legitimidad de origen. Pero, para seguir siendo legítimo, un gobierno democrático debe tener un récord de respeto a la Constitución, al estado de derecho, a los derechos humanos y una obra de gobierno que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.
Por eso, al evaluar el grado democrático de un gobierno hay que tomar en cuenta esos dos criterios: la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio del poder.
El estado existe para servir a los ciudadanos y no al revés. Los ciudadanos tienen derechos que son anteriores y superiores a cualquier estado y a cualquier gobierno: el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho a procurarse la mayor suma de felicidad. Esos derechos no son una concesión graciosa del Estado o del gobierno. Son derechos inmanentes a la condición humana.
Los funcionarios públicos son, desde el presidente de la república hasta el último concejal en el municipio más modesto de la geografía nacional, empleados de los ciudadanos. Son servidores del pueblo. Reciben sus salarios de los impuestos que pagamos los contribuyentes o de la riqueza nacional que, por definición, es una riqueza de todos los ciudadanos.
De modo que, cuando una autoridad abusa o atropella a un ciudadano está atropellando a quien es la fuente del poder y de la soberanía nacional. La democracia es incompatible con el abuso de autoridad. La democracia es un régimen que se fundamenta en el respeto escrupuloso a la dignidad de la persona humana. Respeto a la dignidad de cada ciudadano y del conjunto de los ciudadanos.
La historia universal y la historia de Venezuela son testigos de una lucha permanente y constante por hacer prevalecer los valores democráticos y los principios éticos y morales que le sirven de fundamento a la democracia.
Algún día en nuestro país, mas temprano que tarde, resplandecerán los valores y los principios de una verdadera democracia.
Seguiremos conversando.
