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Bogotá, escenario del conflicto 

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Estudiar la relación de Bogotá con el conflicto armado debe ir más allá de la capital como escenario físico en el que ocurren hechos violentos y analizar la ciudad como un espacio discursivo y de poder cuyas decisiones políticas afectan las dinámicas de la guerra en el país. Así, una deuda pendiente en los estudios sobre la violencia política está en comprender el impacto que han tenido las leyes aprobadas o negadas en el Congreso de la República, las decisiones tomadas al amparo del estado de sitio e incluso el diseño de políticas públicas, cuyo impacto en las dinámicas del conflicto armado puede ser tan grande como la más cruenta de las acciones armadas.

En 1961, un encendido discurso fue pronunciado por Álvaro Gómez, refiriéndose al lugar en que se replegaron las antiguas guerrillas liberales. El joven senador increpa al presidente de la República, Alberto Lleras Camargo: “Hay en este país una serie de repúblicas independientes que no reconocen la soberanía del Estado colombiano, donde el Ejército colombiano no puede entrar, donde se le dice que su presencia es nefanda, que ahuyenta al pueblo, o a los habitantes. (…) La soberanía nacional se está encogiendo como un pañuelo”. Estas palabras anticiparon los bombardeos a estos territorios durante la presidencia de Guillermo León Valencia, creando el mito fundacional de las Farc.

Previo a la Constitución de 1991, el presidente tenía la potestad de gobernar bajo la figura del estado de sitio, una nefasta figura consagrada en el artículo 121 de la Constitución de 1886. Este artículo envestía al presidente de la República de poderes y facultades excepcionales, según su criterio. Así, puesto que los toques de queda hacían parte de la cotidianidad, desde la Casa de Nariño, el presidente creaba leyes y tomaba las decisiones que consideraba pertinentes: desde impuestos hasta la hora en que debían acostarse los colombianos. En gobiernos como los de Misael Pastrana (1970-1974) y López Michelsen (1974-1978) los estados de sitio ocuparon más del 70% de los periodos presidenciales. Estos poderes fueron usados por el Ejecutivo para reprimir manifestaciones de pensamiento político divergente y movimientos de izquierda. Dicha represión “legítima” hizo que muchos sectores de izquierda optaran por la clandestinidad e hizo proclive la relación de movimientos estudiantiles y organizaciones sindicales con grupos insurgentes. 

Bogotá es el epicentro del diseño de políticas públicas. Los “hacedores” de éstas suelen llamarse, a sí mismos, técnicos. Esta autodenominación pretende marcar una distancia con el mundo político en el que todo parece retórico y movido por intereses particulares. Los hacedores de política pública hacen cálculos, establecen viabilidad y pertinencia de lo que se discute en el Congreso o de las políticas del Ejecutivo. En este sentido, el Departamento Nacional de Planeación, que nació como un centro de pensamiento para el diseño de políticas públicas, hoy en día es un comité de aplausos del Gobierno de turno. Esto se evidenció en la validación del actual Plan Nacional de Desarrollo, especialmente en el abordaje en temas relacionados con el Acuerdo de Paz. Basta con ver las cifras aprobadas en términos de reparación de víctimas, implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) e incluso las políticas sobre las garantías y protección a líderes sociales, cuyas cifras de asesinatos están 30% por debajo de las presentadas por la Defensoría del Pueblo. 

Es necesario estudiar las responsabilidades que desde Bogotá han profundizado las dinámicas del conflicto y comprender la forma en que se tomaron decisiones, los intereses que se movieron durante estos trámites legislativos y, por supuesto, señalar a los responsables. Sólo de esta manera la palabra “no repetición” dejará de recaer sobre los actores armados y comenzará a transformar las prácticas políticas que también hacen parte del origen del conflicto.

@arturocharria

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